En escrito del abogado Jaime Granados dirigido al magistrado ponente César Reyes, la defensa del ex presidente Uribe argumenta por qué la investigación no puede seguir en manos de la Sala de Instrucción. La Corte debe responder en un término de 5 días.
La principal razón es que los presuntos delitos por los que es investigado Uribe no tienen que ver con su función parlamentaria, ya que los hechos no se enmarcan en el desarrollo del control político. Relacionar el caso con el debate que Álvaro Uribe hizo en el Senado no es cierto, dice la defensa, “ese día el doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ anunció su retiro del recinto del Congreso, para ir a poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia dos declaraciones (entrevistas) que rindieron los señores RAMIRO DE JESÚS HENAO, alias SIMÓN, y GABRIEL MUÑOZ RAMÍREZ, alias CASTAÑEDA, luego la actuación material se surtió ante la Justicia y no en el ámbito del control político.”
La defensa sostiene que el debate de control político lo adelantó el senador Cepeda Castro y no älvaro Uribe Vélez , por tanto “mal puede establecerse una relación funcional si el control político no lo ejerció él».
Otro argumento es que “Ningún integrante de la UTL tuvo relación directa con este hecho, pues en el encuentro casual que se suscitó con este ciudadano en San Francisco, Cundinamarca, no se encontraba presente el doctor FABIAN ROJAS PUERTA, como se corrobora fácilmente con las interceptaciones telefónicas acaecidas ese día. Quien se encontraba presente fue el doctor JUAN MANUEL DAZA, quien, como sabemos, para esa época, abril de 2018, no hacía parte de la UTL del doctor ÁLVARO URIBE VÉLEZ”.
Todo indica que el caso pase a la Fiscalía como lo busca la defensa. La actuación de la Corte ha sido señalada como persecución política por el propio acusado, quien ha cuestionado además la credibilidad de varios integrantes de esa corporación.
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