El departamento de Nariño ha sufrido los embates de la criminalidad en los últimos tiempos y en todos los órdenes, generando un drama humanitario de manera permanente, provocado por el asesinato, las masacres, el desplazamiento, confinamiento, el asesinato de líderes sociales y la persecución a sus organizaciones sociales.
La presencia del narcotráfico ha sido el combustible de la guerra y el conflicto, el mismo que produce entre 350 a 380 toneladas de cocaína al año en Nariño y que colocadas en los mercados internacionales pueden venderse por $10 billones. Este lucrativo negocio ilegal lo controlan los cárteles mexicanos, como el cartel Jalisco del norte, el cartel de Sinaloa; al igual que los carteles colombianos como el clan del golfo, las disidencias de las Farc, y en menor medida el Eln. Son cerca de 20 grupos armados ilegales que hacen presencia en los municipios con cultivos de uso ilícito y especialmente en el piedemonte costero, la costa pacífica, la cordillera, al igual que en territorios indígenas y afros; la presencia del narcotráfico en estos territorios genera miedo, terror y zozobra permanentemente en el departamento.
De los 64 municipios de Nariño, en 31 hay presencia de cultivos de coca y amapola, cerca de 100 mil familias de pequeños productores de campesinos, indígenas y afro descendientes son esclavos del narcotráfico, sobreviven de estas actividades ilícitas y son el eslabón más débil de la cadena del narcotráfico, quien con sus estructuras armadas ilegales controlan en su mayoría estos territorios e imponen la lógica de la criminalidad, frente a la omisión e indiferencia del estado, que con su abandono y falta de presencia, de real inversión social, se convierte en caldo de cultivo para que impere esta actividad ilegal como una de las pocas alternativas de subsistencia para las comunidades de los territorios cocaleros y amapoleros.
Nariño de tiempo atrás registra hechos de violencia generados por el narcotráfico, no se puede olvidar el espectáculo dantesco generado por el “Bloque libertadores del sur”, perteneciente a las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), o la masacre perpetrada por las FARC contra el pueblo indígena Awa, en Tortugaña Telembi en el año 2009 o la masacre del Tandil en Tumaco en el año 2017, perpetrada por Fuerza Pública.
A Nariño no llegó La Paz, el gobierno nacional no pudo ni siquiera brindarles seguridad a los desmovilizados de las FARC, las Zonas veredales la Paloma en el municipio de Policarpa tuvo que ser abandonada y la zona veredal de la Variante en Tumaco fue flor de un día, el anuncio de que el estado volvería al control de los territorios dejados por los recién reincorporados, rápidamente fueron copados por la criminalidad. La única expectativa de los acuerdos de paz, como fue la sustitución voluntaria se convirtió en otro fracaso, no hubo respuesta a los acuerdos colectivos firmados por las comunidades cocaleras y amapoleras de 29 municipios y las familias vinculadas a la sustitución de Tumaco e Ipiales, les dejaron el programa a la vera del camino. Para el gobierno su presencia es el aumento de la fuerza pública y a pesar de ello, la criminalidad manda y gobierna en más de la mitad del departamento.
La tragedia humanitaria de Nariño se agrava por la presencia de los actores ilegales que han perpetrado masacres y asesinatos como los ocurridos últimamente en Leiva, Ipiales, Magui, Ricaurte, Tumaco y Samaniego, donde el narcotráfico, el paramilitarismo hacen su agosto atentando contra la juventud nariñense, ante la mirada indiferente del gobierno nacional, que abandona a su suerte a los entes territoriales, que poco o nada pueden hacer frente al poderío de la criminalidad.
Pareciera que este territorio del sur que ha actuado con altivez e hidalguía en las gestas cívicas, que votó mayoritariamente La Paz y la consulta anti corrupción, que al igual que ha escogido propuestas alternativas de gobernanza, se estuvieran ensañandose con venganza y retaliación por su valiente comportamiento, así se demuestra en la macabra alianza del narco paramilitarismo y la omisión e indiferencia del estado en contra de la buena gente de Nariño.
Hoy como ayer nos corresponde a los nariñenses levantarnos contra esta ola de violencia que está acabando con nuestra juventud, que está asesinando a los líderes sociales, que está persiguiendo a sus organizaciones sociales, para detener esta orgía de sangre, para que prevalezca la vida, para que este bello territorio sea ese remanso de paz que fuimos en el pasado y que reclamemos el derecho a vivir en paz, reconciliándonos y exigiendo la verdadera presencia del gobierno nacional con una real inversión social, donde las oportunidades sólo sean de bienestar y progreso para nuestra región.
HAROLD RUIZ MORENO
Ex concejal de Pasto
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