OPINIÓN

«Máquinas de guerra»…

El Derecho Internacional Humanitario protege a los niños que han sido vinculados al conflicto o a quienes están en riesgo en el desarrollo de un conflicto armado, como en el caso colombiano. En ningún escenario se pueden justificar las muertes de niños o niñas y hacerlo es muy peligroso, puesto que se pretende justificar cualquier clase de acción, supuestamente motivada por fines legítimos.

En este gobierno autoritario del binomio Uribe-Duque, es una práctica constante el bombardeo de campamentos donde están obligados menores de edad, que han muerto por la acción condenable del ejército. Con contundencia debemos rechazar por igual la práctica execrable del reclutamiento forzados de niños, que violan las mínimas reglas de un conflicto armado. Pero el gobierno no acude al derecho universal de precaución, que permita preservar la vida de los menores, como ocurrió en el Guaviare y ahora han muerto  cuatro menores de edad en el bombardeo del Ejército, en el Chocó.

Aquí se configura un crimen de guerra, como lo señalan claramente el Tratado de Roma de 1978 sobre la Corte Penal Internacional, y otros instrumentos de Derecho Internacional. Sostiene con razón la Corte Constitucional que “un menor de edad, –entendido como el niño, niña o adolescente menor de 18 años–, es considerado en nuestro ordenamiento, como víctima del delito de reclutamiento ilícito, indistintamente de su forma de participación (voluntaria o forzosa) o su rol (directo o indirecto) en el conflicto armado” (Sentencia C-506/20).

En la jurisprudencia constitucional como la contencioso administrativa, el principio de precaución -en especial cuando hay menores de por medio- debe operar oportunamente, antes de que se cause un daño (en caso de un bombardeo, su muerte o daño físico) y previamente a que se tenga certeza absoluta sobre la ocurrencia del mismo. No se necesita probar que la actividad que se pretende adelantar causará daño. Basta que existan suficientes datos y elementos de juicio para estimar que ese efecto nefasto puede ser ocasionado, para que se impongan la cautela y la prevalente protección de los niños.

En Colombia los indicadores demuestran que los niños no son la prioridad de este gobierno. Los tiene abandonados y en vez de protegerlos, se suceden los bombarderos y qué decir de casos aberrantes como el recién ocurrido en Tibú, donde fueron asesinados dos menores que antes de morir habían robado comida en un establecimiento comercial. Niños sin educación ni recursos, roban comida y son asesinados por un sistema que no sólo les robó la educación y las oportunidades sino también la vida.

Son varios los pronunciamientos que se han hecho sobre lo ocurrido en el Chocó, entre los que se encuentra el del Senador Iván Cepeda, quien afirmó “El presidente Duque está justificando crímenes de guerra, porque los menores de edad no pueden ser objeto de acción indiscriminada, desproporcionada, sin ningún principio de protección o precaución y sin principio de distinción por parte de las Fuerzas Militares”.

Hoy el país debe cumplir con los tratados internacionales y la ley colombiana, los niños y las niñas requieren la protección del estado y de cara a las elecciones presidenciales, los programas de los candidatos deben contemplar como prioridad los derechos integrales de los menores de edad.

HAROLD RUIZ MORENO

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