El exjefe paramilitar sostiene que cercanos al presidente y al expresidente Uribe temen que dé su testimonio.
Ante la Comisión de la Verdad, Mancuso dijo: El Gobierno colombiano, oficiales públicos y otras personas, actuando con el beneplácito del presidente Duque, puedan encarcelarnos, intimidar o torturarnos, para obligarnos a que cambie la verdad que afecta el interés de la clase política como el de su gobierno y aliados e impedir que construyamos en la JEP, juntos, el conflicto armado, donde las autodefensas, agentes del estado, fuerza pública, autodefensas como agentes civiles de estado de facto formados, como en mi caso particular como civil, en apoyo de las fuerzas militares.
Mancuso conoce una buena parte de la verdad sobre las actividades delictivas que se tomaron el país en contra de la guerrilla y que terminó siendo un crímen generalizado que enlutó a Colombia con masacres espantosas perpetradas por el paramilitarismo, del que fue uno de sus principales jefes.
El punto que quiere dejar claro Mancuso es que el y los grupos criminales que actuaron en contra de la guerrilla, fueron creados por el Estado, con conocimiento, concentimiento y apoyo del Estado, es decir del gobierno, la fuerza pública y otras entidades, a más de empresarios y terratenientes.
Viene sosteniendo Mancuso que actuaron en acuerdo con el establecimiento y de acuerdo a planes donde los paramilitares eran parte.
Insiste el ex jefe paramilitar que el presidente Duque ni el ex presidente Uribe quieren que cuente lo que sabe ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP.
Desde el gobierno se han hecho todos los oficios para que Mancuso no vaya a la JEP, ni se tenga en cuenta en su condena los años de cárcel que ya pagó en Estados Unidos.
El presidente Duque señaló que quienes hicieron parte de grupos paramilitares y fueron extraditados a EE.UU. respondan por sus crímenes en Colombia, pero sin someterse a la JEP.
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso declaró ante la Comisión de la Verdad: “Si queremos la paz, la reconciliación, la no repetición, es fundamental que el país sepa lo que ha ocurrido en más de 30 años de guerra. El Estado y sus Gobiernos son responsables en el origen, consolidación, expansión y repetición del conflicto armado. Y por miedo, no quieren que todos los actores del conflicto lleguemos a la JEP para buscar que se reconstruya entre todos esa verdad y se cuente”.
Pero en respuesta al presidente Duque, fue aún más claro: “Eso es lo que no quiere el presidente Duque y su Gobierno. Le teme a la verdad, se rasga las vestiduras hipócritamente exigiendo verdad, pero impide la reconstrucción de la misma y por ello su intromisión indebida e ilegal en la autonomía e independencia de la justicia a la que instrumentaliza a modo de venganza y persecución en contra mía”, agregó.
En 2018 ya había tomado la decisión: “Voy a declarar la verdad, convéngale a quien le convenga y perjudique a quien perjudique, pero que sea la justicia la que decida si hubo o no direccionamientos al respecto”, expresó en ese momento el excomandante de las AUC.
Acuerdos y desacuerdos
En 2002, la administración Uribe inició conversaciones con los jefes de las Autodefensas buscando su desmovilización. En diciembre de ese año las Autodefensas Unidas de Colombia declaran un cese unilateral de hostilidades y el 23 del mismo mes, el presidente sanciona la ley 782 de 2002, mediante la cual el gobierno queda facultado para iniciar negociaciones de paz con grupos que no tuvieran estatus político, lo que abrió las puertas para iniciar diálogos con los grupos paramilitares.
Desde entonces, la ONU le pidió al Estado colombiano acabar con los vínculos con los paramilitares, implementar un plan de respecto de los Derechos Humanos, investigar las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales y luchar contra la impunidad.
Al no quedar incluida la conexidad del delito de narcotráfico, los jefes paramilitares se distancian del gobierno y el presidente Álvaro Uribe ordena la extradición de los 14 jefes de las AUC que eran acusados por el delito de narcotráfico.
Las víctimas rechazaron esta decisión por considerar que había sido vulnerado el derecho a conocer la verdad. Desde entonces los paramilitares extraditados señalaron que se trató de una estrategia para impedir su testimonio.
El 15 de julio de 2003 se firma la paz entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el Gobierno Nacional, en el primer gobierno del jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez.
En junio 2005 el Congreso, integrado por muchos que recibieron el apoyo del paramilitarismo, aprueba la Ley de Justicia y Paz.
