OPINIÓN

Los mercaderes de la muerte…

La escala de violencia que padece el país, nos desvía de conocer una de de las mayores causas de muerte: el perverso sistema de salud. Para los expertos en el tema como la médica psiquiátrica Carolina Corcho este podría causar más muertes que el conflicto armado interno.

La Constitución de 1991 consideró la salud como un servicio público esencial, lo cual fue acogido por el constituyente primario en el debate que confrontó la visión neoliberal que comenzaba a implementarse en la década de los 90 con el expresidente César Gaviria. Luego, con la aprobación de la ley 100 de 1993 se instauró en Colombia una forzada privatización de la salud, en la cual el sistema sólo cubriría los tratamientos y tecnologías en salud que estuvieran considerados en un listado que denominaron POS (Plan Obligatorio de Salud). Los recursos para pagar estos tratamientos y atenciones se pagaban mediante una UPC (Unidad de Pago por Capitación) que es el monto que el Estado paga anualmente por afiliado al sistema para que se cubra la atención. Este modelo creó las Empresas Promotoras de Salud, EPS, unas intermediarias particulares, a quienes el Estado le entrega los recursos por afiliado para que contraten clínicas y hospitales que atiendan a la población y que  la postre se quedan con la mayor parte de los recursos públicos destinados para la salud de los colombianos.

El sistema de salud en Colombia se asiste al paseo de la muerte, la negación de una atención pronta y oportuna, el no suministro de medicamentos. El ciudadano tiene que acudir a los jueces de tutela para acceder al derecho esencial a la salud. Como consecuencia de la nefasta ley 100, el sistema es presa de la intermediación, la tercericiacion, la esclavitud, las condiciones precarias de la misión médica, a la que no le reconocen un régimen prestación digno de sus condiciones.

La mayor muestra de la corrupción del sistema de salud es la liquidación de Saludcoop, donde decidieron trasladar sus 5 millones de afiliados a Cafesalud, del mismo grupo de Saludcoop, que tenía un fallo fiscal por apropiación ilícita de 1,4 billones de pesos entre los años 2002 y 2010, por parte de la Contraloría General de la República. El ministro de la época Alejandro Gaviria autorizó una financiación a esta institución particular, con 200 mil millones del erario (Res.4385 de 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social), y así ocurre con la inmensa mayoría de las EPS que se quedan con los recursos públicos de la salud, que solo alimentan al perverso sector financiero que se lucra con la plata pública destinada a la salud de los colombianos.

Hoy el derecho esencial de la salud lo protege el juez de tutela. En Colombia se han interpuesto más de 4 millones de tutelas, más del 80% del último año por negación de servicios que deberían estar cubiertos porque se encuentran en el plan de atención, el POS.

Sólo cuando logremos un gobierno pensado en el bienestar de la nación, podremos hacer realidad los postulados constitucionales que garantizan el derecho esencial de la salud, como lo ratifica permanentemente la Corte Constitucional en sus varias sentencias que protegen este sagrado derecho, y no asistir al perverso sistema de Eps que deben desaparecer para darle paso a un sistema de política pública de salud preventiva y de atención pronta, oportuna y de calidad. Manos a la obra.

Harold Ruiz Moreno

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