OPINIÓN

Los cómplices de Manolo

Ismael Darío Lopera, conocido como “Manolo”, hombre de 52 años de edad, llevaba tres años trabajando como auxiliar de cocina en el Centro Infantil Pequeños Exploradores de la Alcaldía de Medellín, se entregó bajo la acusación de violación de al menos 22 menores de cinco años de edad.

Como siempre en estos casos, todas las autoridades con alguna responsabilidad o competencia en los hechos bajo investigación, desde el presidente de la República, hasta la directora del ICBF, salen en los medios de comunicación con el viejo discurso, rechazar el crimen, insultar a los delincuentes, en esta oportunidad los calificativos fueron de “bestias malnacidas», luego el viejo estribillo que ya causa risa, “les haremos caer todo el peso de la ley”, y terminan citando alguna norma, en este caso, la de cadena perpetua. Pero solo es el show del funcionario, sobre una tragedia más que pudo ser prevenida.

Si hacemos una revisión superficial de los artículos de prensa, es evidente la responsabilidad de las instituciones por negligencia, por la desorganización de los funcionarios, el desinterés de la alcaldía de Medellín y por supuesto, el descuido de los mismos padres de familia.

Ahora se conoce que el señor Manolo, se mostraba muy amigable y de mucha confianza con los niños, que les regalaba dulces y que aparentaba ser muy colaborador con las profesoras.

No hubo rigurosidad en la selección del personal, se informa que, al realizar una consulta en línea sobre los antecedentes penales y judiciales del sospechoso, el resultado no pudo ser generado, situación que se presenta cuando la persona tiene una orden de captura, pero nadie se tomó el tiempo para revisar sus documentos.

Ahora se conoce que Manolo dormía en el centro infantil y acompañaba a los niños al baño, situación que la conocían los padres de familia, las docentes y los directivos.

Hoy se conoce que las profesoras encargaban la vigilancia de los niños a Manolo, mientras ellas dormían, además, sin ser sus funciones, Manolo les suministraba el alimento a los niños, entre otras tareas que no le correspondían.

Uno de los niños le contó a una profesora que lo estaban tocando, pero no le prestó atención, incumpliendo con todos los protocolos de seguridad.

Los padres y madres de familia, ahora informan que habían detectado en sus hijos cambios en sus conductas, que los niños no querían hablar, que manifestaban temor y constante mal genio, que expresaban que no quería ir al jardín y no querían relacionarse con nadie. Solo una madre acudió con su niño a una revisión médica, y con dolor se enteró que su hijo había sido abusado.

Después de la tragedia, entonces sí aparecen la Fiscalía y la Procuraduría para activar “rápidamente” las rutas de atención integral a las víctimas.

¿Qué pasó con la inspección, vigilancia, control del ICBF, que pasó con la atención especializada de todos los defensores y sus equipos interdisciplinarios, que paso con los docentes, los directivos, y los padres de familia?

Este caso debe ser una alerta para los padres y madres de familia del resto del país, quienes deben responsabilizarse del funcionamiento de los centros infantiles y educativos, de la selección del personal, del cumplimiento de las rutas de atención La politiquería del gobierno hace el show con la salida fácil de papel, de elevar penas en el país de la impunidad, porque saben que es más difícil cumplir con el deber de prevenir el daño.

Pobres de nuestros niños, los criminales los abusan, en el campo los reclutan y en las ciudades los alcaldes les roban el refrigerio del PAE. Esos también deberían tener cadena perpetua.

Precisamente ahora que festejamos los treinta años de la Constitución Nacional, constatamos que todo se quedó en el papel, como la protección especial a la infancia, como la paz. Los niños están abandonados.

LUIS CABRERA

Julio 9 de 2021

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