Colombia se ufana de ser una democracia donde se “respeta la libertad de prensa”, muy a pesar que el periodismo ha tenido que pagar una alta cuota de sacrificio en la cruenta guerra que vive el país. Son cientos los periodistas que ha perdido la vida por su ejercicio periodístico, víctimas del narco paramilitarismo, la guerrilla, y también por agentes del estado. Por igual han enfrentado el destierro, el asilo, y últimamente los llamados perfilamientos.
Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), solo en el primer semestre del año 2020 se han producido 125 violaciones a la libertad de expresión, con 172 víctimas.
La libertad de prensa es considerado un derecho fundamental en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, sin embargo el periodismo ha sido históricamente vulnerado y amenazado en el país. En la clasificación de Reporteros sin Fronteras de la lista de la libertad de prensa en el mundo, Colombia se encuentra en el puesto 130, entre 180, y hace parte de la categoría ‘Situación difícil’.
Hoy la persecución a la libertad de prensa son de otro estilo, una presión más inteligente y menos evidente, formas de abuso contra el periodismo son las “chuzadas o los perfilamientos”, el espionaje ilegal, extrañas judicializaciones, las interceptaciones y la “autocensura” por intereses financieros, los robos o eliminación del material periodístico, los atentado, hostigamiento, espionaje o invasión a su privacidad, exclusión, acoso judicial, negación de acceso a la información pública, remoción o bloqueo de contenidos en Internet, ciber ataque a páginas web.
Son miles los casos relevantes de persecución a la libertad de prensa, siendo de los más protuberantes el ocurrido con el Sr. Juan Pablo Bieri, quien fungiendo como director de la Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) ordenó sacar del aire el programa ‘Los puros criollos’, porque según él ridiculizan al actual gobierno y que amerito que la Fiscalía le imputará cargos a Diana Marcela Díaz Soto, quien trabajaba allí y quien a la postre filtró el audio en el que Bieri ordenaba la censura y quien terminó cínicamente demandando a la periodista.
Resulta inverosímil que la revista Semana en el año 2019 haya sido víctima de espionaje y amenazas contra sus periodistas, con envíos de sufragios y lápidas, seguimientos al director y a periodistas, con equipos de interceptación al pie de las instalaciones de la revista, todo esto como parte del operativo de inteligencia ilegal por parte del ejército colombiano. Pero igual, la revista también ha despedido a periodistas críticos de relevancia nacional, como los columnistas Daniel Coronel, Daniel Samper, León Valencia y últimamente a Ariel Ávila, por presuntas presiones del uribismo y porque sus opiniones han sido contrarias a los últimos gobiernos entre ellos al expresidente Álvaro Uribe Vélez o el de Iván Duque Márquez.
De la misma manera se ha condenado a la periodista de esta revista, a Vicky Dávila por fallo del juez segundo penal del circuito de Bogotá, que le dio la razón a la hermana del testigo contra Álvaro Uribe, Juan Guillermo Monsalve y aseguró que en efecto hubo una «flagrante vulneración del derecho a la intimidad de la accionante y de su grupo familiar». O el pronunciamiento del Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia que ordena a la periodista Vicky Dávila y a Radio Cadena Nacional (RCN) indemnizar a Jorge Hilario Estupiñán, excomandante de la Policía Nacional y a su familia, por considerar que el cuestionamiento frente a un posible acto de corrupción habría generado un daño. La señora periodista Vicky Dávila también se vio envuelta en una situación embarazosa, cuando se conoció un audio con su colega Jairo Lozano y en el que se escucha a la periodista conversando con sobre el caso del ex embajador Fernando Sanclemente, a quien le confiscaron varios laboratorios de cocaína que eran producidos en la finca de su propiedad, donde se enfatiza, “Eso no se puede decir”.
En esta persecución a la prensa resulta peligroso que el pasado 15 de octubre del presente año, la Fiscalía citó a entrevista a tres integrantes de la FLIP, la que señaló frente a este hecho de censura que “está constitucionalmente prohibido y es injustificado citar a un periodista a rendir testimonio o entrevista en relación con información suministrada por sus fuentes”. De la misma manera la Fiscalía ordenó la inspección de la sede de la Fundación afectando el derecho a la intimidad, a la reserva de la fuente y a la defensa de derechos por parte de la FLIP. Este acto de censura constituye una intromisión de excesiva magnitud.
Son miles los casos y hechos de la violación del derecho constitucional a la libertad de prensa que se agudiza con los comportamientos arbitrarios de este gobierno que dirige el presidente Iván Duque Márquez, que en nada envidian al vecino régimen dictatorial de Maduro.
