Por Carlos Sánchez
Frenar un proyecto de explotación minera en inmediaciones del páramo de Santurbán es un logro muy importante en defensa del agua y de la vida.
Si fuera por las promesas en campaña electoral del actual presidente de Colombia, estos cuatro años no deberíamos preocuparnos por proyectos que afecten los ecosistemas, Iván Duque dijo que no los permitiría. Pero como en Colombia las elecciones son lo menos parecido a la coherencia, ahora toca contrarrestar cada incumplimiento del gobierno con la movilización social. Y así fue. Miles de ciudadanos se sensibilizan con los páramos, comprenden la afectación a las fuentes de agua y salen a las calles a gritar en favor de la vida. Hasta que se logró que no se diera licencia a ese proyecto minero que se pretende realizar en el departamento de Santander.
Cuando a mediados de año la viceministra de Minas habló de los proyectos para extraer oro en la zona como muy adelantados y destacó sus bondades para la recuperación económica del país, se entendió el mensaje, iban por oro contra el agua. Quedaban pendientes dos trámites (delimitación y licencia) y múltiples manifestaciones.
Había que esperar la nueva delimitación del páramo, a cargo del Ministerio de Ambiente, y la expedición de la licencia ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Lo que tal vez no esperaban es que un país que lo preparan con altas dosis de insensibilidad se fuera a levantar con la bandera del páramo de Santurbán.
La Corte Constitucional determinó repetir la delimitación garantizando el derecho a la participación ambiental de las comunidades afectadas, pero el Ministerio de Ambiente volvió corriendo a hacer la tarea sin contemplar la integralidad del páramo, lo que dejó, más que un trabajo científicamente elaborado, la evidencia del afán de servir a los intereses de las mineras. Insistían en dejar por fuera del páramo el área del proyecto de Minesa. A falta de estudios que demostrarían la conectividad entre el páramo de Santurbán y sus ecosistemas circunvecinos, el gobierno maniobraba con el número de hectáreas a intervenir.
En cuanto a la licencia ambiental, la empresa Minesa retiró su solicitud en marzo de 2018 porque la autoridad ambiental le formuló 83 requerimientos a su Estudio de Impacto Ambiental. La ANLA, en lugar de negar la licencia en ese momento, aceptó el desistimiento, y la empresa presenta una segunda solicitud en enero de 2019. La respuesta de la entidad en noviembre de 2019, tiene 107 requerimientos.
Estaba claro que se afectaba las bocatomas del acueducto metropolitano de Bucaramanga, se usaría 35.000 toneladas de explosivos para remover 68 millones de toneladas de roca, se produciría entre 7.000 y 8.000 toneladas de escombros diarios, parte de los residuos de extracción se depositarían en la cuenca de la quebrada Caneyes, afluente del río Suratá que abastece el acueducto metropolitano de Bucaramanga.
Hoy se celebra que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ordenó archivar la solicitud presentada por la Sociedad Minera de Santander S.A.S. para el Proyecto de Explotación Subterránea de Minerales Auroargentíferos Soto Norte.
La ANLA basó su decisión en varias consideraciones “el área de influencia, aspectos técnicos del depósito de relaves (residuos de la actividad minera), consideraciones sobre la geotecnia, la hidrología e hidrogeología, el plan de manejo de riesgos y la valoración económica”.
El logro es de enorme importancia. Se detiene la devastación de los páramos con fines mineros, las fábricas naturales de agua en nuestro país ganaron una batalla.
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