La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. (artículo 22, Constitución Política).
Después de 4 arribamos a celebrar otro año de la firma del acuerdo de paz con las antiguas FARC. Todavía recordamos los momentos de violencia generados por el levantamiento armado de una de las guerrillas más antiguas del continente, y tal vez la más sangrienta, en un país con los mayores indicadores de concentración de la riqueza, con alarmantes índices de pobreza, de inequidad, de acaparamiento de tierras en pocas manos y con un débil apartado estatal, donde las oportunidades de acceso a la educación es de los más limitados del continente, con una oferta en salud privatizada y con pocas oportunidades de generación de ingresos, donde el desempleo y subempleo han bordeado el 15 y 20%. A esto se suma la crueldad del conflicto armado, su sevicia y degradación, estas son algunas de las principales causas que justificaron el levantamiento armado.
Con el acompañamiento de muchos países se logró, después de varios años de negociación, la firma en el teatro Colón en Bogotá, el 24 de noviembre del año 2016, del acuerdo de paz, que pondría fin a un enfrentamiento violento de más de 50 años, donde el saldo fue millones de víctimas que vieron desaparecer violentamente a sus familiares.
Sobre el balance de estos 4 años es de resaltar lo afirmado por el senador Antonio Sanguino Páez, cuando plantea, que, “la JEP, (Justicia Especial para La Paz) prioriza 7 macro casos con base en 271 informes de víctimas y de agencias del Estado. 12.591 personas se han sometido a la JEP, de los cuales 7.759 (77.5%) son excombatientes de las FARC, 2.713 de la Fuerza Pública y 107 de otros agentes del Estado. Su actuación controvierte la falacia uribista de ser un tribunal de impunidad. De 1.736 solicitudes de libertad condicional, la JEP solo ha concedido 229. Han sido negadas 1.636 solicitudes de amnistía y apenas se han concedido 258. De 58 solicitudes de no extradición sólo se ha aceptado una y se han adoptado 35.702 decisiones judiciales. Es de resaltar el compromiso ante la JEP del antiguo Secretariado de las FARC con el esclarecimiento de los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado, Jesús Bejarano, Pablo Emilio Guarín, Fedor Rey y Hernando Pizarro, así como de los dos atentados contra German Vargas Lleras.
Hoy con tristeza registramos la conspiración contra La Paz y la reconciliación, hacen trizas La Paz, como lo afirmó un dirigente del Centro Democrático; asistimos al asesinato sistemático de los líderes sociales y de los firmantes del acuerdo que ya superan los 240, se alían la Fiscalía con la DEA en operaciones de “entrampamiento” contra el proceso de paz y que se convierten en muestras fehacientes del delito de perfidia, demostrando la apuesta permanentemente de promocionar la guerra, infunden miedo, terror, para vender después seguridad, que no es otra muestra de la conspiración permanente contra La Paz y la reconciliación que nos debemos todos los colombianos.
De cara a los 4 años de la firma de los acuerdos, nos permite observar la división de la sociedad, acá vemos reflejada esa polarización que tanto daño ha dejado el conflicto armando interno, son dos Colombias, la primera creyendo de buena fe, en la posibilidad de cerrar el conflicto, sanar las heridas, exigir una pronta justicia, reclamar la verdad de saber lo ocurrido con el conflicto, pedir reparación a las víctimas, razón de ser de cualquier negociación; y añorar que nunca más se presente la repetición de este holocausto.
Pero también debemos con dolor registrar a esa otra Colombia que insiste en la guerra, que vende terror, que sus actuaciones generan miedo permanente, quienes recurren siempre a la mentira, que son mensajeros del horror, esa otra colombia que vota contra La Paz y la corrupción. Ellos que persiguen a los reincorporados de FARC, incumpliendo lo firmado por el estado colombiano, mostrándose como han sido siempre, enemigos de la reconciliación de la nación.
Hoy el país requiere pasar la página de la violencia, con una propuesta colectiva de nación, donde el esfuerzo de la mano de obra del país se encamine por los senderos del bienestar y progreso, donde se supere en gran medida las profundas desigualdades sociales y políticas, que han sido el caldo de cultivo para vivir centenariamente en medio de la guerra y la violencia.
Harold Ruiz Moreno
Ex concejal de Pasto.
