El Black Lives Matter es el movimiento que el pasado 25 de mayo de 2020 fue invocado mundialmente debido al exceso en el uso de la fuerza por parte de policías del estado de Minneapolis quienes asesinaron a George Floyd, un ciudadano afro descendiente asfixiado en una maniobra policial y en cuyo comportamiento, muy al contrario a lo que habían declarado los policías, no había ejercido resistencia a la detención de los agentes. Si bien estas protestas minaron la tranquilidad del Estado norteamericano, es solo la punta del iceberg en el país con mayor visibilidad mundial y definitivamente un problema que en muchos otros han generado un fenómeno social y político que encuentra mayores testimonios de agresión y desmanes por parte de la fuerza policial de los estados.
En este artículo trataremos de esbozar de manera general los “George Floyd”, hombres y mujeres de distintos niveles sociales y raciales cuyo común denominador es el abuso de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad de los estados para el caso México y Colombia dadas las similitudes antropológicas, políticas y normativas.
México
En el país del PRI la elección de Manuel López Obrador despierta admiraciones y enojos en la ciudadanía, puesto que en 70 años de historia política interna crítica, el sentimiento de desarraigo no ha sanado y las posturas culturales chocan con el deseo normalizado de sus habitantes por comportar una identidad influenciada por el gigante Norteamericano. Así es al punto de que sus instituciones policiales y militares tienen una cantidad de procesos abiertos por desmanes en el uso de la fuerza y la comisión de delitos penales contra la población civil, estadísticas que alarmarían a los veedores de Derechos Humanos. En ese país, diferentes estudios han concluido que se ha “normalizado” el abuso policial mediante conductas de aceptación social y en otras ocasiones es el miedo a las retaliaciones por parte de los uniformados el motivo del silencio y la no denuncia. Aun así, se han empezado a hacer públicas las historias de desapariciones, asesinatos y demás crímenes de los cuerpos de seguridad nacional; es el caso de Alexander Martínez de 16 años quien junto a sus amigos fue confundido con criminales y fue asesinado basándose en que dicha sospecha fue el motivo por el cual los agentes del estado sobrepasaron sus fuerzas ultimando al adolescente. Giovanni y Oliver López en otros estados de México fueron víctimas de lesiones extremas por parte de los uniformados, lo que hace notar el uso de prácticas de tortura por personal que debería propender por el respeto de los Derechos Humanos.
La trascendencia de estas víctimas son el abono para el terreno de discusión moral, político y social que la población viene tejiendo en sus escenarios para proponer cambios que disminuyan las preocupantes cifras de abuso policial que en cada Estado deja miles de personas agredidas en distintos niveles de daño. Una de estas propuestas es la reducción del presupuesto policial y el uso de dichos dineros en programas sociales para la comunidad. Este modelo ha sido copiado de la jornada de repudiación al delito de George Floyd en USA y hoy en día es una petición que los diferentes movimientos ciudadanos mexicanos tratan de impulsar para que el gobierno de Obrador lo legitimase.
Hasta el 2016 en México, según una encuesta del INEGI (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA) de una muestra de 64.150 personas se dedujo que 75% había sufrido Violencia Psicológica durante el arresto, lo cual significa que con ellos usaron prácticas que van desde la desnudez hasta la asfixia. El 64% vivió agresiones físicas, 7 de cada 10 hombres fueron amenazados y 7 de cada 10 mujeres fueron abusadas sexualmente de alguna forma.
El Word Justice Project lanzó escandalosas estadísticas sobre el comportamiento militar donde el 88% de las torturas eran ejercidas por la marina y el 85% por el ejército, se contabilizaron 3.907 muertes civiles en manos de agentes del estado en enfrentamientos entre el 2007 y el 2014. La conclusión del estudio es un claro patrón de uso ilegal de la fuerza.
En Estados Unidos la población afro descendiente y de inmigrantes son los que más expuestos están a ser objeto de la represión abusiva policial; el mayor logro hasta ahora del movimiento Black Lives Matter trajo una reforma legal que Bill Di Blassio firmó en un paquete de normas que buscan lo siguiente: Prohibir llaves de estrangulamiento, dichos actos serán considerados delitos menores; confiere a la población civil la oportunidad de filmar a los agentes y sus acciones en cualquier actividad oficial, obliga a los uniformados a portar y no ocultar los números de identificación, ordena la creación de mecanismos de supervisión civil con tecnología de vigilancia; y lo más importante, inicia la fiscalización de tales conductas con la creación de un Esquema Disciplinario al pie de fuerza. No siendo suficiente, para victoria de los movimientos ciudadanos, redujo en 1.000 millones de dólares el presupuesto a las instituciones policiales de Nueva York para redirigir los dineros a programas sociales.
Colombia
En el caso de Colombia el polémico ESMAD, Escuadrón Móvil Antidisturbios, es el cuerpo de agentes policiales capacitados para el control de turbas, multitudes, bloqueos, acompañamiento en desalojos de propiedad pública y privada tanto en la zona urbana como en la rural del país. Este escuadrón fue creado “para restablecer el ejercicio de los derechos y libertades públicas” lo cual da un amplio margen de acciones para que dicho propósito sea cumplido, amplio al punto de que muchos intelectuales y analistas terminen catalogando al ESMAD como un órgano híbrido entre el ejército y la policía con tecnologías, prácticas de represión e indumentaria exclusivas; gozan además de expresa permisión normativa y administrativa para exceder el comportamiento “normal” de un agente que conserve sus límites de fuerza,
La resolución 03002 del 29 de junio de 2017 Manual para el servicio en manifestaciones y control de disturbios para la Policía Nacional, la intervención del ESMAD deberá considerarse como la última opción, antes de ello debe buscarse el diálogo o la mediación. Las posturas críticas al actuar desmedido de este organismo y su elevado presupuesto denotan que las dinámicas sociales en el ciclo: ciudadano gobernado versus gobernadores, no tienen un vínculo efectivo de recepción de mensajes.
Como “Sociedad de Riesgo” Claus Roxin ya nos llevaba por los lineamientos de la teoría de la Imputación Objetiva a entender que somos un cúmulo de ánimos y deseos que comportan dentro del móvil anatómico una cantidad de fuerzas que producen en el exterior un resultado. El riesgo de la voluntad humana, como la voluble intención de dirigir dichos impulsos, son conscientes o inconscientes, pero ciertamente siempre previsibles (presume la razón, debido cuidado, actitud responsable, etcétera, por encima de la emoción – sentimiento) y si son previsibles son medibles, prevenibles y susceptibles de coerción legitima. Al contrario de las fuerzas de la naturaleza y el riesgo “natural”, ya que a pocos de esos fenómenos somos capaces de resistir. Si me pidieran a mí resumir el patrón de abuso de fuerza en una frase, diría que: no hay certeza de la razonabilidad del juicio que el personal policial hace antes de imprimir fuerza en sus acciones de orden al ciudadano; y esto es el peligroso desequilibrio entre el poder/deber sustancial del estado que radica en el servicio fundamentado en la virtud de la ley en contrapuesto a su poder/potestad de coercionar el cumplimiento de la misma y esto también bajo la investidura de la ley. Sigamos con las evidencias periodísticas y algunos testimonios.
Movice es el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado donde figuran entre muchos nombres los de algunos detonantes para la indignación social que continuaron caldeando los ánimos de los ciudadanos que piden mejor gobierno.
Dilan Cruz 18 años, 23 de Noviembre de 2019, Medicina Legal aseguró que su deceso había sido producido por un proyectil disparado con dirección a su cabeza. Las evidencias aportadas muestran que dicho proyectil fue expulsado por un arma modificada perteneciente al ESMAD. Cristian Rodolfo Rodríguez de 26 años, estudiante de décimo semestre de trabajo social de la Fundación Universitaria Monserrate, perdió su ojo izquierdo el 16 de diciembre después de resultar herido con un artefacto lanzado en medio de enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Nicolás Neira 15 años, destrozado en una golpiza a manos de un nutrido grupo de agentes del ESMAD cuando participaba de una marcha de primero de mayo en el 2005. Ellos son solo algunos de muchos George Floyd que en Colombia siguen sumando las estadísticas de un estado que comete crímenes y cuyos errores no se publicitan debidamente para otorgar seguridad en las instituciones, evitando la desaprobación ciudadana y deslegitimando no solo a los gobiernos sino a la norma.
Colombia es un país de variedad étnica y cultural siendo esto también un “riesgo” pues ostentar características especiales de población parece ponerte aún más bajo la retina de la injusticia. Según la base sobre Luchas Sociales en Colombia que compila el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), entre 1975 y 2016 hubo un total de 254 movilizaciones indígenas y campesinas causadas por el incumplimiento de los acuerdos entre las poblaciones indígenas y los Gobiernos de esos años.
La “Gran Minga Nacional” de 2017 movilizó aproximadamente a cien mil indígenas para llegar hasta la capital colombiana en la búsqueda del cumplimiento de más de 1300 peticiones al ejecutivo, situación que debido a la gran confluencia de personas en marchas, significó el uso del Escuadrón ESMAD para el control de la muchedumbre. La ONIC Organización Nacional Indígena de Colombia lleva en sus archivos las denuncias por desmanes del pie de fuerza hacia los pobladores de las etnias indígenas y con autoridad puedo decir que los problemas de reconocimiento en la lucha de los pueblos primigenios radica principalmente en el abandono del estado, el desconocimiento del no indígena sobre las circunstancias especiales para el desarrollo y preservación de las culturas, y en definitivo: la discriminación.
En contraste vimos la omisión de los agentes que presenciaron el suceso ocasionado en Tasajera donde un carro cisterna volcado fue “saqueado” por los pobladores, éste se detonó luego de que intentaran sacar la batería, obviamente para venderla. En total van 35 muertos calcinados en la conflagración.
En Latinoamérica, por ende en Colombia, ostentar alguna característica diferenciadora te pone en mayor riesgo a ser víctima de brutalidad policial; ser indígena, afro descendiente, estudiante, mujer o tener la necesidad de salir a manifestar tu descontento por la ineficiencia gubernamental es un riesgo. Entonces, ¿quién nos protege del desenlace fatal en aquel riesgo si el agente protector es quien ejerce la vulneración?
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