La esencia de cualquier democracia se sostiene en los sistemas y procesos que deben proteger sagradamente la decisión del constituyente primario, razón de ser de cualquier sistema democrático. Los países hacen esfuerzos para brindar la transparencia de los procesos electorales y las entidades que los garantizan son casi siempre organismos independientes, como ocurre en Colombia con la Registraduría nacional de la República.
Con asombro asistimos a observar que el sistema electoral no solo tiene muchos años de atraso tecnológico, sino que las prácticas de corrupción son el pan de cada día. El voto electrónico, el reconocimiento digital y facial, la depuración del censo electoral y otras herramientas que protegen y blindan los procesos electorales, son una quimera. La paridad heredada del Frente Nacional en el consejo nacional electoral, muestra como el máximo órgano electoral es uno de los más corruptos. Con la constitución del 91 y el acto legislativo 01 de 2003 se buscó que la Registraduría se transforme en una institución de carácter técnico y despolitizada a partir de la provisión de la mayoría de cargos por concurso de méritos, asegurando así que estos no terminaran en manos de políticos que pudieran cooptar la entidad e interferir en los certámenes electorales a favor de uno u otro candidato. El registrador nacional escogido por las mayorías del congreso, responde al clientelismo y la politiquería y no a la voluntad popular.
Asistimos siempre a conocer noticias que ponen en duda la transparencia del sistema electoral que la Registraduría debería proteger. Investigadores, analistas y el periodismo responsable dan cuenta de cómo se afecta con prácticas de la más rampante corrupción. Hoy el Registrador nacional Alexander Vega, que viene de ser parte del Consejo Nacional Electoral e integrante de una de los partidos más corruptos, el del Sr Alberto Gil condenado por la parapolítica y salpicado también de ser “representante de la clase política tradicional, llegó a su primer cargo importante (CNE) gracias a dos congresistas que hoy están en la cárcel (‘Ñoño’ Elías y Musa Besaile), salpicado en el escándalo de Odebrecht y una denuncia de Andrés Guerra porque según él, Alex Vega le pidió 1.200 millones de pesos por ser senador.
Hasta la fecha, Alexander Vega ha despedido a más de 1.500 funcionarios de la Registraduría, nombrando en algunos de dichos cargos a fichas de los clanes políticos, contratistas de antaño de la Registraduría y hasta sobrinos de magistrados del Consejo de Estado. Al presidente Duque, por su parte, le prometió la vinculación de 1000 jóvenes, el 10% de la planta del personal de la Registraduría. Y ahora pretende impulsar la politización de la entidad en el Congreso a través del nuevo código electoral, transformando cargos de carrera, como los registradores municipales y auxiliares a los que se accedía por concursos de méritos y por tanto, tenían protección reforzada en cargos de libre remoción “por pérdida de confianza”. Y a pesar que ninguno de los cargos incluidos en el artículo son de libre nombramiento, el Registrador ha nombrado a dedo personas para suplir las vacantes que él mismo generó, en contravía de lo estipulado por la ley y la Corte Constitucional. (Apartes de la investigación de Pares).
Políticos del establecimiento como el Sr Germán Vargas ha afirmado sobre el proyecto de modificación del código electoral presentando “que el trámite de esta reforma se ha aceitado ya con más de 150 nombramientos de registradores y delegados e innumerables contratos”. Asimismo insistió en otro de los cuestionamientos del Código Electoral, permitiría que quienes tengan inhabilidades disciplinarias igual podrán ser elegidos, “con lo cual todos aquellos inhabilitados en cualquier tiempo por la Procuraduría podrán aspirar a cualquier cargo. Gran avance contra la corrupción”.
El analista Ariel Ávila ha escrito que “Todo parece indicar, y son las fuentes en terreno que nos indican, que al parecer el señor Alexander Vega estaría entregando cargos burocráticos a cambio de que los congresistas apoyen el Código Electoral que en este momento se está discutiendo”. Ávila además indicó que dentro de este Código está el artículo 24 en el cual se señala que se podrían quitar a funcionarios por falta de confianza del registrador, lo que sería una violación de cualquier principio de carrera administrativa y una politización de la entidad”.
Para la bloguera Catherine Juvinao, “todo se trataría de una estrategia política en cabeza del presidente Duque para ganar algunos escaños en los cargos elegidos por voto popular”… “El Registrador estaría contratando a dedo sin rendir cuentas, lo cual beneficiaria a los contratistas que se quieren enriquecer con estos contratos, además que los clanes políticos se estarían aprovechando de la vulnerabilidad del sistema”.
La confianza de los procesos electorales están atravesados por la falta de transparencia. Es común afirmar en Colombia, “ Siguen votando los muertos”, cómo es posible que no haya Veeduría y tampoco se audite los software del sistema electoral, seguimos con los procesos atrasados que permite corrupción y alteran la confianza y la voluntad del constituyente primario. Frente a este desolador panorama, es urgente que la ciudadanía se apersone, con la bancada parlamentaria alternativa, las organizaciones sociales y el periodismo independiente, y participé de manera activa y permanente, para que el sistema electoral colombiano no sea el hazme reír del mundo. La democracia está en crisis y carece de transferencia y blindaje de la expresión por excelencia, la voluntad popular.
