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EPM desata la política local en Medellín

Campo Elías Galindo, líder de la Colombia Humana en Antioquia, asesinado el 1 de octubre de 2020 a la edad de 69 años. Quince días antes escribió su última columna sobre el momento político que vive Medellín y las disputas en la empresa de servicios públicos.

14 de septiembre de 2020

Por: Campo Elias Galindo

No hay precedentes de una conmoción política como la vivida hoy en Medellín alrededor de la suerte de EPM y la megaobra Hidroituango. Difícilmente en las campañas electorales las fuerzas sociales comprometidas hacen debates de ciudad, que además poco inciden sobre los resultados casi siempre conocidos desde mucho antes. Pero la coyuntura actual es distinta, las apuestas son a otro precio, lo que está en juego es nada menos que la hegemonía de la élite económica y política más poderosa de la región sobre la empresa pública también más poderosa del país, después de Ecopetrol.

El Grupo Empresarial Antioqueño –GEA–, que algunos negacionistas parroquiales dicen ahora que no existe, funge desde hace décadas como un poder detrás del trono, no solo en la toma de las decisiones económicas sino también en las decisiones políticas que afectan al departamento y especialmente a la ciudad. El control estratégico indiscutido de ese grupo sobre Medellín y el departamento, ocurre de manera silenciosa o por lo menos sin sobresaltos que desestabilicen el statu quo local. Las denominaciones “Sindicato antioqueño” o “GEA” son desconocidas para los ciudadanos comunes y corrientes.

El empresariado antioqueño fue una élite pujante desde mediados del siglo XIX, cuando se echó al hombro el desarrollo de este departamento y creó un imaginario sobre la grandeza paisa, éticamente discutible pero eficaz como proyecto social, económico y cultural, imaginario que hoy aprovechan los “cacaos” locales del siglo XXI para hablar sobre sí mismos y reclamar una autoridad Intelectual y moral que no tienen. Ese GEA de hoy, es la herencia decadente de una antioqueñidad que quedó en los libros de historia, transformado desde fines del siglo pasado en un cartel empresarial intocable, que mete sus manos no solo en el Estado y sus instituciones, sino también en los patrimonios públicos más preciados como EPM.

Desde 1988 que los alcaldes son elegidos popularmente, ha sido el Sindicato Antioqueño, hoy GEA, la fuerza que decide quién gobierna a Medellín, sea porque provenga de sus redes de aliados o porque simplemente se le de la palmadita en la espalda. Nadie desde entonces ha gobernado la ciudad sin el visto bueno del gran empresariado, o sin su consentimiento, sin su apoyo o sin sus recomendados en las posiciones claves de la administración. Cabe aquí reconocer que al interior del GEA conviven diversas fuerzas políticas tradicionales, a través de las cuales ese conglomerado incide en las elecciones de autoridades a nivel departamental y municipal, y más allá de ellas, en toda la vida política de la región.

Las redes de poder social y económico del GEA son tan extensas que nadie podría definirles un límite con exactitud; penetran en el mundo académico y cultural, en las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación. Como todo poder dominante en cualquier sociedad, ha desarrollado una inmensa capacidad de cooptación, que le ha permitido aprovechar los recursos humanos dispersos por otros sectores de la sociedad, al mismo tiempo que logra introducir desorden y división en fuerzas adversarias.

En la capacidad de cooptación del alto empresariado paisa, hay una tradición que nunca ha dejado de aprovechar: es la antipolítica. El discurso antipolítico no es nuevo en la vida pública antioqueña; desde el siglo XIX los dirigentes paisas fueron remisos a la política profesional y siempre la entendieron como una extensión de los negocios. Conservadores en política y liberales en economía, siempre optaron por el pragmatismo y desconfiaron del Estado.

Aunque se vista de bluyines, la actual antipolítica de la élite antioqueña es la reedición de un viejo prejuicio regional, que hoy como ayer ha rendido excelentes dividendos a la hora de los balances económicos, pero ha sacrificado los controles desde abajo, la participación ciudadana, popular y democrática en la toma de las grandes decisiones.

Así, para que no haya “contaminación política”, “la empresa más querida por los antioqueños” cada vez excluye más a los ciudadanos, sus legítimos dueños, hasta poner en grave riesgo su viabilidad financiera y sobre todo su carácter público. La antipolítica es un viejo grito de independencia del alto empresariado paisa respecto al Estado y los controles públicos a sus negocios.

También para preservarla de la política, el alcalde y la Junta Directiva de 2007 le impusieron a EPM unas normas de “gobierno corporativo”, que amarran al representante de los dueños (el alcalde) a los designios de una Junta Directiva llena de conflictos de intereses; es un arma para evitar que el Estado se inmiscuya en los asuntos públicos que la Junta considera privados, un instrumento de privatización que oculta el desarrollo de negocios internos y contrataciones amañadas en la empresa.

Todo ese entramado de poder del GEA, se sacudió fuertemente en octubre del año pasado cuando por primera vez desde que hay elección popular, accedió a la alcaldía de Medellín un candidato ajeno a ese empresariado. Pero con más fuerza ha temblado en las recientes semanas, después que el alcalde decidió convocar una conciliación con los contratistas que construyen Hidroituango, en la perspectiva de recuperar $9.9 billones hasta hoy perdidos en ese proyecto. La reacción del GEA, presente en todos los estamentos de la empresa y fuera de ella, ha sido primero, la renuncia colectiva de todos los miembros de la Junta Directiva en EPM y de algunos en otras empresas del municipio; segundo, organizar una cruzada contra el alcalde y el gerente y por la restauración del gobierno corporativo, a la sombra del cual privatizan la empresa desde el año 2007; y tercero, organizar una veeduría ciudadana a EPM y la alcaldía.

El alcalde Daniel Quintero es un político pragmático que se ha movido por todo el espectro ideológico-político nacional. Sus actuaciones más próximas en el tiempo a la campaña electoral, su compromiso con los acuerdos de paz y  luego sus adhesiones a De la Calle y a Petro en la campaña presidencial de 2018, le permitieron sus credenciales progresistas y lo habilitaron como candidato de la Medellín no uribista a la alcaldía.

La derrota del uribismo en la elección de alcaldía fue también la del GEA, más aún, teniendo esa fuerza otras cartas diferentes a la del Centro Democrático para ganar el primer cargo público del municipio. El resultado electoral fue la segunda irrupción en Medellín de las Ciudadanías Libres, después de su participación en las elecciones presidenciales de 2018. Ellas son un fenómeno posterior al uribato, que agrupa a las nuevas generaciones de colombianos que están accediendo a la participación política, básicamente desde un rechazo a las violencias organizadas y a la corrupción. El triunfo de Daniel Quintero fue por lo tanto, el de una población mayoritariamente joven que cree en la paz y rechaza el saqueo a los patrimonios públicos que se ha vuelto parte del paisaje nacional.

La determinación de la alcaldía de interponer recursos para recuperarle a EPM los dineros perdidos en Hidroituango, rompe con la práctica por lo menos indecorosa de mandatarios locales anteriores, que capturados por la Junta Directiva de la empresa y su gobierno corporativo, se han abstenido de reclamar a los contratistas las billonarias pérdidas que le han causado a la empresa en proyectos anteriores y actuales. Ese reclamo a los contratistas detonó una crisis que ha sobrepasado a la empresa y se ha extendido a la ciudad y la región. Se está produciendo un alineamiento de fuerzas y un debate que parece marcar el futuro del gobierno local por el resto del período.

El uribismo ha tenido desde que existe, una relación amistosa y de cooperación con el GEA, que se ha estrechado este año por haber sido esa fuerza política y ese grupo empresarial los principales derrotados en la elección de alcalde; esa alianza no es nueva pero se ha consolidado tras los recientes acontecimientos; no es un secreto que ambos aunaron su actividad en la creación de la veeduría “Todos por Medellín”, direccionada a mantener el proceso de privatización de EPM, no responder por las pérdidas billonarias, recuperar las posiciones perdidas dentro de la empresa y hacer oposición sumando ciudadanía contra el alcalde.

La lucha del GEA contra la administración municipal, ofrece ahora una plataforma de sustentación a un uribismo de capa caída, luego de la privación de la libertad a su patrón y las fallidas caravanas vehiculares exigiendo su libertad, que ni siquiera en su mayor fortín lograron impacto político. El Centro Democrático es hoy un partido en retirada, la justicia lo asedia y sus líderes andan a la defensiva sin un solo proyecto propio para ofrecer. Pero esa orfandad podría transformarse en activismo si la veeduría despega y coge vuelo para convertirse en vocera de las agrupaciones que perdieron sus burocracias municipales, dentro de las cuales ya se mueve la idea de una revocatoria de mandato al alcalde. Más que nunca, el Centro Democrático y el GEA se van a necesitar mutuamente para mantener sus hegemonías en la segunda ciudad más importante del país.

Medellín es una ciudad donde la participación política ha estado fuertemente controlada por el establecimiento y las rebeldías raras veces alcanzan representación. Lo que hoy día llaman “polarización” para caracterizar los juegos de opiniones en el país, parecía no tocar a una ciudad tan sumisa como esta. Pero la transformación es inevitable y no la están pudiendo atajar las élites tradicionales, acostumbradas a dominar sin oposición, es decir, sin polarización. No puede ocultarse ya, que a pesar del desbalance de fuerzas y la debilidad organizativa de las opciones anti-establecimiento, en la ciudad hay sectores que ya no se tragan enteros los cuentos de la superioridad paisa, “en Antioquia no se pierde un peso” o que EPM es empresa modelo de América Latina.

En efecto, hay polarización. De un lado, se radicalizan y construyen trincheras quienes quieren mantener la ciudad y la región en su pasado, al mando de una élite empresarial que no democratiza el desarrollo y sus beneficios, ni la toma de las grandes decisiones; y de otro lado, los movimientos sociales y los ciudadanos que empiezan a entender el juego y los lenguajes de su propia exclusión.

Medellín es el bastión más fuerte del partido de gobierno, el Centro Democrático, orientado por un expresidente detenido e investigado por múltiples delitos; es también la sede de uno de los grupos empresariales más tradicionales y exitosos del país, el GEA; nada se movía antes en la ciudad sin el beneplácito de esas dos estructuras complementarias. La actual coyuntura política local ha obligado a muchos a tomar partido, o por la defensa de los patrimonios públicos, o por los manejos corruptos de los mismos, en beneficio de los cacaos hoy sublevados porque los llaman a rendir cuentas.

La lucha política se ha abierto. Los exalcaldes encabezados por “Fico” Gutiérrez, los exgobernadores, los exgerentes de la empresa y los contratistas, ya señalados como presuntos responsables fiscales por la Contraloría General de la República, cierran filas para lavarse las manos mutuamente, pero al mismo tiempo repiten la poesía de la recuperación de la confianza, es decir, que les tengamos confianza porque ellos son muy capaces, muy honorables y son la pulcritud personificada. Están construyendo un relato de terror sobre el futuro de EPM, que en parte es real, pero según el cual ellos nada han tenido que ver, pues la historia de la empresa empezó cuando el alcalde dijo que iba a recuperar las pérdidas de Hidroituango. Nada tan parecido a un chantaje: continuar con la conciliación y seguir exigiendo responsabilidad a los contratistas, podría llevar a un bloqueo financiero de la empresa que la inmovilice, la quiebre y la podamos perder.

Los responsables de la tragedia financiera, social y humanitaria llamada Hidroituango, apoyados por el Centro Democrático, carecen de credenciales éticas y políticas para hacer veedurías ni controles a EPM. Un verdadero control a la empresa solo puede surgir de sus legítimos propietarios, los ciudadanos y sus organizaciones; solamente quienes la heredaron de las generaciones precedentes y la han sostenido con su esfuerzo, tienen la posibilidad de recuperarla y ponerla al servicio de todos. Es la lucha por desprivatizar ese patrimonio o terminar de feriarlo, el asunto clave que la ciudadanía va a definir, es el nudo gordiano de la polarización que en buena hora vive hoy la ciudad de Medellín.

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