OPINIÓN

El show de la cadena perpetua

Con una votación de seis a favor y tres en contra, la Corte Constitucional declaró inexequible el Acto Legislativo 1 de 2020, y en efecto tumbó la cadena perpetua propuesta en el Congreso para castigar a violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes. La magistrada Cristina Pardo, en su ponencia consideró que la norma con iniciativa y sanción de Iván Duque, atenta contra el Estado Social de Derecho, los derechos humanos, la dignidad humana, el derecho a la resocialización de las personas condenadas y el sistema penitenciario actual. Además, enfatizó que las cadenas perpetuas en lugar de disuadir la ejecución de este tipo de crímenes, lo que hace es evitar la denuncia por la gravedad de la pena, especialmente dentro de la familia, que es el espacio en donde ocurren con mayor frecuencia este tipo de delitos.

Sobre el tema fue presentada una demanda por la Universidad de Los Andes, en la que argumenta vicios de forma en la reforma constitucional y la ausencia de competencia del Congreso para reformar la Constitución, por tratarse de los ejes de la Carta, como es el Estado Social de Derecho y la dignidad humana.

La línea jurisprudencial sostiene que el derecho a la resocialización es fundamental y la cadena perpetua se constituye en un trato cruel, inhumano y degradante, además del estado de cosas inconstitucional que afecta al sistema penitenciario y carcelario, que impide se cumplan los fines de los centros de rehabilitación.

Hay que mencionar que el artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia es estricto, prohibe que los condenados por estos delitos accedan a mecanismos de redención de pena, incentivos, beneficios y subrogados, establece un castigo mayor a los responsables, que hoy en Colombia es de 60 años de prisión, casi una cadena perpetua. El castigo máximo ya existe.

En conclusión, la cadena perpetua es solo demagogia del gobierno para hacer el show en los medios de comunicación, para posar de defensor de la infancia, para aparentar compromiso y dureza frente al crimen. Esa es la jugadita fácil de la politiquería, contentar al pueblo con papeles, con reformas, con leyes que aguantan todo, pero que en la realidad no sirven de nada. A estas alturas del siglo XX no se puede regresar a la edad media estableciendo la guillotina, la horca, la silla eléctrica o la cadena perpetua. Hoy la ciencia habla de resocialización, de mejorar las condiciones de vida para que no existan victimas ni victimarios. Pero, desafortunadamente los gobernantes que tenemos no piensan en la coherencia social sino en el show de los medios.

Se sigue con el viejo truco de hacer promulgar una ley para dar contentillo a la gente, como en los paros, como si un decreto hiciera magia, la barita mágica para cambiar la realidad, el abracadabra para que instantáneamente los niños queden protegidos de todo abuso. Pura paja.

La ponencia de la Corte Constitucional es clara, la norma no garantiza la protección de los niños, la norma es contraproducente, la norma no es garantía para los niños ni respeta la estructura de la constitución.

Claro que los niños niñas y adolescentes están desprotegidos en nuestro país. Pero  no se soluciona con una cadena perpetua. La verdadera protección se encuentra en el fortalecimiento a la familia con programas económicos que permitan a los padres y madres mas pobres salir de la miseria, del hacinamiento, del hambre, que hace que los niños y niñas tengan que salir al rebusque.

La protección de la infancia se logra con instituciones educativas con verdadera inversión, con infraestructuras protectoras, con personal capacitado y con garantías laborales, con desayunos y almuerzos escolares que no se los roben los amigos del presidente, con programas deportivos y culturales masivos para desarrollar las capacidades integrales de las nuevas generaciones.

La protección a la infancia se logra con comisarías de familia eficientes, con fiscalías comprometidas con las investigaciones oportunas, con inspecciones de policías profesionales, con una rama judicial transparente y sin congestiones, con una fuerza de policía preparada para servir a la comunidad.

La protección a la infancia se logra con alcaldías y gobernaciones responsables con los programas sociales en favor de la familia, mas que con las obras de cemento.

La jugadita fácil y barata es sacar una ley aumentando la pena a los culpables, que generalmente son pobres sin capacidad de pagar un abogado, mientras los de cuellos blanco nunca serán investigados. Algo parecido ocurre en Estados Unidos, en donde la pena de muerte solo se ha aplicado a los afrodescendientes pobres.

LUIS CABRERA

SEPTIEMBRE 3 DE 2021

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