Efectivamente, como dice el Ministro de Justicia del gobierno Duque, “En nuestro país hay tres formas de erradicación de cultivos ilícitos que son: la sustitución de cultivos, la erradicación manual y la aspersión aérea con glifosato.”
Las dos primeras implican el compromiso de grandes inversiones para el mejoramiento de las condiciones de vida en el campo y la participación de las comunidades indígenas, campesinas y afros.
Con esta opción se quitaría las matas de coca, mariguana, amapola y otras y se sembraría cultivos lícitos que además deben ser rentables, lo que implica inversión en condiciones de cultivo y comercialización. Es decir, la alternativa de erradicación manual y sustitución de cultivos obliga a que se invierta en y con las comunidades, esto cambiaría las condiciones de vida de millones de habitantes del campo colombiano que hoy padecen todas las carencias, tanto que arriesgan cada día su vida por buscar sobrevivir de unos cultivos que se disputan bandas criminales, y que persigue la fuerza pública.
Pero el gobierno prefiere que los millones de dólares se inviertan en un veneno que se esparce desde aeronaves. No tienen que lidiar comunidades, ni preocuparse de su suerte, ni invertir en obras y servicios que hagan del campo un espacio de vida digna, garantizando de paso la no afectación del medio ambiente.
Son dos formas de ver la vida, el futuro y la responsabilidad social, y eso depende del lado que se está, o de las comunidades indígenas, campesinas y afros y del progreso endógeno de las regiones, o de la obediencia al mandato del gobierno de Estados Unidos que gira más ordenes que recursos y obligan a estos gobiernos indolentes a insistir en una política de combate al narcotráfico que afecta a nuestra gente y benefician con el incalculable negocio a quienes dicen combatir un mal que necesitan mantener, o al menos eso podría desprenderse de la insistencia en hacer lo mismo que ha demostrado hasta la saciedad que no soluciona, que si acaso desplaza el problema.
Pero como a estos gobiernos les gusta más los gringos que sus propias comunidades “Lo ideal es que arranquemos de un momento a otro con la aspersión aérea, una vez la Anla no dé vía libre para poder reanudar esta labor con glifosato”, dice el Ministro de Justicia para dejar evidencia que justicia es lo menos que se puede esperar.
Cuando la vida se mira en los códigos hechos por quienes no quieren mirar
Ante las muchas protestas, reclamos, ruegos de comunidades, sectores y personas que desde al lado ambiental y social dicen no al uso de glifosato, la Corte Constitucional impuso condiciones para fumigar: que garanticen no afectación al medio ambiente ni a la vida humana. Dijo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Dirección Antinarcóticos de la Policía y la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, son los encargados de avanzar con audiencias que le permitan a la comunidad donde se usará el químico, conocer de las modificaciones sobre el uso del glifosato.
A través del auto 387 de 2019 la Corte Constitucional precisó los términos de la Sentencia T-236 de 2017 respecto de las condiciones que debe cumplir el gobierno para reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea.
Pero el “El juzgado concluye que la conducta desplegada por los funcionarios responsables del acatamiento del fallo de primera instancia modificado en segunda instancia por parte del Tribunal Administrativo de Nariño, está apegada al principio fundamental de buena fe que debe observarse en toda actuación y se han desarrollado actuaciones tendientes al obedecimiento de las órdenes emanadas en la tutela”. Esto dice un aparte del fallo de tutela del Juzgado Segundo Administrativo de Pasto.
El juez, Carlos Arturo Cuéllar de los Ríos consideró que el gobierno nacional sí ha cumplido con las comunidades étnicas, que habían interpuesto un incidente de desacato por considerar que no fueron consultadas por el Ejecutivo. Resolvió en favor del gobierno el incidente de desacato.
Entonces el ministro de Justicia, Wilson Ruíz asegura que están a la espera de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), dictamine la viabilidad para reanudar la aspersión aérea con glifosato.
En la mira para la aspersión aérea están 104 municipios de 14 departamentos: Meta, Guaviare, Vichada, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Santander, Norte de Santander, Chocó y Valle del Cauca.
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