Las regalías son los pagos que hacen los explotadores de recursos no renovables a la nación por su desgaste.
El Sistema General de Regalías (SGR) es un esquema de coordinación entre las entidades territoriales y el gobierno nacional a través del cual se determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.
Los Ministros de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía presentan, cada dos años, durante el primer día hábil del mes de octubre, el Proyecto de ley de Presupuesto del Sistema General de Regalías.
El proceso se inició el año pasado con un acto legislativo (ocho debates) y una ley reglamentaria, cuyo objetivo era corregir las disposiciones que provocaron el fuerte descontento de hace ocho años con la reforma del 2012 (Ley 1530) que recortó las regalías directas a las regiones (eran del 80 por ciento y las bajó progresivamente cada año, hasta llegar al 11 por ciento), pero que también buscó hacer más eficiente la ejecución de los proyectos, se aprobó la ley 2056 el 20 de septiembre del año en curso.
Se destacan como puntos claves de la reforma la mayor asignación de recursos que tendrán las regiones productoras, la mayor autonomía para municipios y departamentos y la destinación, por primera vez, de un porcentaje anual de las regalías para la compensación ambiental.
En este sentido, las regiones y municipios productores, al igual que los que tengan puertos por los cuales se movilicen productos como el petróleo o el carbón, pasarán de recibir una regalía del 11 por ciento a tener un ingreso del 25 por ciento.
Entre tanto, un 34 por ciento de los recursos del SGR se destinará a inversión regional (antes era un porcentaje del 50 por ciento para fondos de desarrollo y compensación). Otro de los cambios claves, es que más de 1.000 municipios con los indicadores más altos de necesidades básicas insatisfechas tendrán ahora un 15 por ciento de la torta, frente a un 10,7 por ciento bajo el esquema que se definió en el 2012. Se asignarán a 1.103 entes territoriales, porque se bajó el NBI propuesto de 25 a 14,5% y cubriendo a todos los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta.
Asimismo, un 7 por ciento del SGR irá a la ejecución del Acuerdo de Paz, aunque para este aspecto habrá recursos extra, el 70 por ciento de los rendimientos financieros del sistema alimentarán este presupuesto. La reforma también definió una optimización de recursos, para lo cual los gastos de funcionamiento pasaron del 5 por ciento al 3 por ciento.
Otro gran cambio fue definir una menor destinación de recursos para el Fondo de Ahorro y Estabilización, toda vez que mientras que este ya tiene un saldo de unos 12 billones de pesos, las regiones tienen necesidades para inyectarle recursos a la reactivación, tras los graves efectos del covid-19 en todo el país. Con el objeto de atender las necesidades de recursos para la salud, mediante el decreto 444, el Gobierno Nacional creó el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).
Tiene un artículo de reactivación para el año 2021, que permitirá a los territorios contar con más recursos de inversión directa y saldos no comprometidos de vigencias anteriores, priorizando proyectos de vías terciarias, electrificación rural, sector agropecuario, conectividad, agua potable y saneamiento básico.
Y si el recaudo es mayor que las proyecciones de cada bienio, el excedente se destinará en un 20 por ciento a las regiones productoras, 10 por ciento a los municipios más pobres, 20 por ciento para proyectos ambientales, 5 por ciento para iniciativas de emprendimiento y 45 por ciento irá a la bolsa del ahorro.
Si bien la reforma del 2012 quiso tener un mayor control en la ejecución de las iniciativas con recursos de las regalías, buscando frenar el despilfarro y las recordadas piscinas de olas que no respondían a las necesidades de la población, la creación de 1.160 Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) se convirtió en un palo en la rueda, ya que los entes regionales y municipales no tenían la capacidad para plantear los proyectos y sacarlos adelante. Por ello, de esos 1.160 Ocad solo quedarán ocho, lo cual implica la eliminación de 1.152 de dichas instancias de decisión.
Otra herramienta de planeación se ve reflejada es: para ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, los proyectos de inversión deberán incorporarse en el Plan de Desarrollo de las entidades territoriales en un capítulo independiente de inversiones con cargo a los recursos del Sistema General de Regalías que se denominará “inversiones con cargo al SGR” y sus modificaciones o adiciones.
La nueva ley contempla también que haya un anticipo del 70 por ciento de las regalías de los próximos 10 años para las zonas PDET. Esto, significa que para la paz se recibirán otros 4,5 billones de pesos, que sumado a lo ya aprobado llega a un poco más de 7 billones hasta el 2022.
Entre tanto, el porcentaje asignado para ciencia, tecnología e innovación pasa del 9,5 por ciento al 10 por ciento.
Según cifras del Ministerio de Minas y Energía, para el bienio 2017-2018, el presupuesto del SGR fue de 11,7 billones de pesos y subió a 18,5 billones de pesos para 2019-2020, pero en los años 2021 y 2022, la cifra baja a 16,1 billones de pesos, como reflejo de la menor precio y producción de petróleo y carbón, que son las principales fuentes que alimentan las regalías, (el volumen de producción de Ecopetrol se redujo de 950.000 barriles diarios a 750.000).
El Ministerio de Minas y Energía y el de Hacienda radicaron en el Congreso el proyecto de presupuesto que, aseguran, destinaría $16,1 billones a inversión en los dos años.
Las Comisiones Económicas de la Cámara de Representantes recibieron el proyecto de presupuesto de regalías para el bienio 2021-2022, que tendría un monto total de $17,3 billones, de los cuales $16,1 billones se destinarían a inversiones y que aplica, por primera vez, el nuevo sistema de regalías luego de sancionada la ley que lo reformó.
Este presupuesto se conforma por $15,4 billones de ingresos corrientes, $1,8 billones de rendimientos financieros y $75.000 millones de excedentes financieros del sistema. De acuerdo con lo anterior, el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR) para el próximo bienio corresponderá a $17,3 billones.
Con la modificación de la ley, los municipios productores de materias sujetas a esta norma, como el petróleo, ahora recibirán el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a $3,8 billones para el bienio, mientras que los proyectos de protección del medioambiente recibirían $771.000 millones.
Por su parte, las comunidades étnicas recibirían $358.000 millones, mientras que los recursos para Ciencia, Tecnología e Innovación alcanzarían los $1,54 billones. Las asignaciones para la paz corresponderían a $1,1 billones de los ingresos corrientes.
La distribución por regiones del proyecto indica que el Caribe recibiría $3,6 billones; el Llano tendría $2,9 billones; el Centro Oriente $1,7 billones; el Pacífico $1,4 billones; Amazonía $1,2 billones y el Eje Cafetero tendría una asignación de $1,05 billones.
En lo que concierne al departamento de Nariño en el año 2012 se recibieron 301.333 millones de pesos, en los bienios 2013-2014 se recibió más de 344 mil millones, para 2015-2016 más de 284 mil millones, para 2017-2018 más de 380 mil millones, para 2019-2020 más de 506 mil millones, pero para el próximo bienio el departamento tan solo recibiría un poco más de 123 mil millones de pesos, lo que obligará a modificar el plan departamental de desarrollo porque la nueva ley le trae a Nariño una disminución de 400 mil millones de pesos para los próximos 4 años.
