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Cuando la autoridad delinque o las chuzadas del Ejército

Las sanciones y cambios en la estructura de mando indican la gravedad del problema y la decisión del gobierno "para dinamizar y mejorar las operaciones y los procesos de inteligencia".

El ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo dijo hace tres semanas que fueron apartados del servicio activo 10 oficiales del Ejército, y uno más se retiró voluntariamente, un brigadier general. Ahora se conoce nuevos retiros y el desarrollo de una investigación que se asegura será de «cero tolerancia” con la ejecución de conductas al margen de la ley» y que no se permitirá el “empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar».

Comenzando este año la revista Semana hizo conocer la posibilidad de interceptaciones ilegales, “chuzadas” desde dos guarniciones militares a líderes políticos, magistrados y periodistas. Estas conductas al margen de la ley se estarían realizando desde el Batallón de Ciberinteligencia (Bacib) y el Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información (Bacsi).

En rueda de prensa el ministro de Defensa, Holmes Trujillo, informó que 11 oficiales se retirarán del servicio activo, asimismo, que un Brigadier General solicitó su retiro voluntario. Foto: Víctor Holguín/Mindefensa

Las sanciones y cambios en la estructura de mando indican la gravedad del problema y la decisión del gobierno «para dinamizar y mejorar las operaciones y los procesos de inteligencia».

Esta indagación la hacen expertos con acompañamiento de validadores nacionales e internacionales, aseguró el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.

La Procuraduría General, también está al tanto de este proceso desde el 13 de enero anterior y se compulsaron copias a la Fiscalía General para que desarrolle la investigación penal.

El espionaje que ha ocasionado el escándalo se realizó otra vez a opositores del gobierno, activistas sociales y periodistas, pero ahora incluyeron a personajes cercanos al gobierno y a periodistas internacionales. El rumor es que, tras estas acciones ilegales, realizadas al interior de una entidad que debe recuperar su fuero después de una guerra donde ha sido utilizada con prácticas criminales, estarían políticos. Se espera no sólo condenas a los responsables y sus cómplices civiles, sino la decisión política de evitar de una vez por todas que la fuerza pública en Colombia tolere prácticas por fuera de la ley y claramente violatoria de los derechos humanos.

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