NARIÑO

Condena fiscal de $2.906 millones en Cumbal

La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por una cuantía indexada de $2.906 millones de pesos contra los responsables del daño patrimonial que ocasionó el no funcionamiento del Distrito de Riego de Pequeña Escala Asoguamorrán, situado en el corregimiento de Panán, en el municipio de Cumbal (Nariño).

Con este proyecto se pretendían adecuar 190 hectáreas. El contrato de obra fue ejecutado mayoritariamente con ingresos del denominado programa “Agro Ingreso Seguro -AIS”, exactamente $1.872 millones, dineros desembolsados por el IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) que provenían del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

También hubo cofinanciación con recursos del SGP de la Gobernación de Nariño (más de $266 millones) y la Alcaldía Municipal de Cumbal ($15 millones).

En total para la ejecución de este proyecto se invirtieron $2.152 millones, de los cuales $2.094 millones corresponden al valor del pago realizado a la ONG Centro para la Investigación y Desarrollo (CIDES), con la cual el ejecutor del proyecto (la Asociación de Usuarios para el Distrito de Riego de Pequeña Escala Guamorran -Asoguamorrán) suscribió el respectivo contrato de obra.

Responsabilidad del ejecutor, el contratista y el interventor

Asoguamorrán recibió las obras del Distrito de Riego a entera satisfacción, sin comprobar de forma real su operatividad. Tampoco realizó acciones encaminadas a ejecutar las pólizas de cumplimiento, calidad y estabilidad.

Según lo que dijeron los mismos beneficiarios a los funcionarios de la CGR que visitaron en su momento la obra, el distrito de riego funcionó aproximadamente 20 días y en adelante presentó múltiples fallas técnicas.

La obra se terminó de construir el 30 de junio de 2010, con lo que este año completará 11 años de no operatividad e inutilidad.

Considera la Contraloría que el contratista, la ONG CIDES, resultó negligente y omisivo al entregar a satisfacción las obras, sin haber efectuado debidamente las pruebas hidráulicas de funcionamiento ni haber realizado las reparaciones que requería el sistema para ser puesto en marcha, dejando la misma a la deriva sin importarle la calidad y estabilidad de la misma.

La firma interventora Interriegos recibió recursos públicos por $1.146 millones, en desarrollo del contrato que suscribió con el IICA, para realizar las actividades de interventoría. Según la Contraloría, su conducta fue negligente y omisiva, entre otras razones, por recibir las obras a satisfacción sin haber efectuado los controles necesarios en la ejecución de la obra y por consiguiente no advertir las correcciones técnicas con que debía contar la obra para su efectivo funcionamiento.

Un proyecto inoperante

Las fallas en el sistema de riego construido originaron daño en las tuberías y en otros aspectos de orden técnico que causaron que el proyecto fuera inoperante.

Para la Contraloría, las obras adelantadas no cumplieron con el objetivo dispuesto y no se utilizaron para los propósitos previstos en el proyecto, por cuanto la comunidad que debía beneficiarse del mismo (254 familias de la comunidad indígena de Panán) no cuentan con el servicio de riego.

El daño patrimonial al Estado, que fue estimado inicialmente por la Contraloría en $2.152 millones y finalmente quedó en $2.906 millones con la respectiva indexación, se causó por fallas presentadas en la estructuración del proyecto y después en la ejecución y construcción de la obra.

El fallo de primera instancia en este caso fue proferido por la Contralora Delegada Intersectorial No.1 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal y confirmado en grado de consulta por la Sala Fiscal y Sancionatoria.

Responsables Fiscales

A título de culpa grave, fueron declarados responsables fiscales en la suma indexada de $2.906 millones:

La Asociación de Usuarios del Distrito de Riego de Pequeña Escala Guamorrán, representada legalmente por Isaac Huveimer Tarapues Guerrero.

La ONG Centro para la Investigación y Desarrollo Social (CIDES), representada legalmente por Carlos Vicente Velásquez Mallama.

Interriegos Ltda, representada legalmente por Oscar Benavidez Jurado.

Y fueron declarados como terceros civilmente responsables: Seguros del Estado y Aseguradora Solidaria de Colombia, quienes ya han efectuado los respectivos pagos de reparación del daño.

Fuente/Contraloría

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