OPINIÓN

COLUMNA | Por fin Escazú

El Acuerdo de Escazú fue aprobado en último debate, en la Cámara de Representantes, con 120 votos a favor, a 63 días de haberse iniciado el gobierno del Presidente Petro.

“Ha sido aprobado como ley el tratado internacional de Escazú, que busca proteger el medio ambiente y a las y los ambientalistas”, dijo el presidente, a través de su cuenta de twitter, donde también felicitó al Congreso de la República y a la sociedad colombiana por su trabajo para hacer realidad esta iniciativa.

Cabe recordar que durante la campaña que lo llevó a la presidencia de la República, el actual jefe de Estado, se había comprometido a sacar adelante la iniciativa en el Congreso, hecho que se materializa con la aprobación.

Al respecto, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, afirmó que “el cambio político trajo un cambio que no se había podido hacer en tres años, y es la ratificación del Acuerdo de Escazú́”.

Con la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Estados Miembros de las Naciones Unidas trazaron el camino hacia una mayor dignidad, prosperidad y sostenibilidad para las personas y el planeta, y se comprometieron a no dejar a nadie atrás.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, adoptado en Escazú (Costa Rica) el 4 de marzo de 2018 y negociado por los Estados con la participación significativa de la sociedad, confirma el valor de la dimensión regional del multilateralismo para el desarrollo sostenible. Al vincular los marcos mundiales y nacionales, el Acuerdo establece estándares regionales, promueve la creación de capacidades —en particular, a través de la cooperación Sur-Sur—, sienta las bases de una estructura institucional de apoyo y ofrece herramientas para mejorar la formulación de políticas y la toma de decisiones.

En un momento de creciente incertidumbre y profundos desequilibrios económicos, sociales y ambientales, en que, precisamente, el multilateralismo se encuentra sometido a un intenso escrutinio, los países de América Latina y el Caribe han demostrado el valor de la acción regional, para avanzar hacia una mayor protección del medio ambiente y más derechos ambientales en el plano local, nuestros países han decidido actuar de manera coordinada a nivel regional, poniendo la creación de capacidades y la cooperación al servicio de bienes e intereses colectivos superiores.

Ante todo, este tratado tiene por objeto luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible.

Este Acuerdo Regional es un instrumento jurídico pionero en materia de protección ambiental, pero también es un tratado de derechos humanos. Sus principales beneficiarios son la población de nuestro país, en particular los grupos y comunidades más vulnerables. Su objetivo es garantizar el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan sus vidas y su entorno y a acceder a la justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados. En el tratado se reconocen los derechos de todas las personas, se proporcionan medidas para facilitar su ejercicio y, lo que es más importante, se establecen mecanismos para llevarlos a efecto.

El Acuerdo Regional contribuye a la transición hacia un nuevo modelo de desarrollo y hace frente a la ineficiente e insostenible cultura de intereses limitados y fragmentados que impera en el país. En ese sentido, en el Acuerdo se plasma el compromiso de incluir a aquellos que tradicionalmente han sido excluidos o marginados o han estado insuficientemente representados y de dar voz a quienes no la tienen, sin dejar a nadie atrás.

Con este Acuerdo, nuestro país, también brinda un magnífico ejemplo de cómo equilibrar las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Asegurando la participación del público en todas las decisiones que lo afectan y estableciendo una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, se refuta así, la falsa dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico. No puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente, y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías.

Con su aprobación y ratificación, Colombia avanza en la articulación con el Comité́ de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, como órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú́, para promover la aplicación y apoyar a las Partes en la implementación del Acuerdo.

En ese sentido, la ministra Susana Muhamad señaló́ que, una vez sea sancionado por el jefe de Estado, se hará́ realidad en Colombia a través de cinco acciones a corto plazo:

  • Política de manejo de información ambiental.
  • Estrategia de acompañamiento a defensores ambientales.
  • Ampliación de la participación ciudadana en las decisiones ambientales.
  • Apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas.
  • Sistema de información sobre conflictividad socioambiental.

 

 

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