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Atentado contra Yaneth Mosquera lideresa social

Yaneth Mosquera es madre de tres niños, desplazada por la violencia del Patía, lideresa social y defensora de derechos humanos, es reconocida por su defensa del territorio en el Cauca, fue galardonada como Mujer Cafam 2007 por su dedicación a labores sociales, fue reconocida como mujer Latinoamericana y del Caribe por la fundación de Hillary Clinton. Lidera la fundación Mujer con Valor y es coordinadora del consejo comunitario África de Popayán.

De las amenazas tienen conocimiento las autoridades. Denunció amenazas reiteradas desde junio del 2019 cuando reclamaba junto a la comunidad consulta previa a la construcción de la doble calzada Santander de Quilichao-Popayán, y en la madrugada de ayer martes fue víctima de un atentado con explosivos, sobre las 3:00 de la mañana en zona rural del Cauca, entre Páez y Patía, en la casa de su hija donde se encontraba. La explosión sacudió el lugar y afectó el carro en el que se movilizaba.

Cuando la revista SEMANA le pregunta por qué la quieren matar, Yaneth responde: “Yo pienso que por reclamar nuestros derechos, por proteger nuestra comunidad, proteger nuestras mujeres, nuestros niños y niñas, y por ser la voz de los que no tienen voz en este país. Yo sigo pensando que esto no puede continuar, que hay que ponerle más cuidado a este tema; entiendo que el Gobierno no tendrá plata para proteger a cada líder social, pero hay que buscar una forma de cómo hacemos la protección colectiva en los territorios para que nosotros podamos estar salvaguardados.”

Opinión

Nadie detiene la muerte

Se llega a afirmar que el Cauca es controlado por disidencias de las Farc, ELN y pequeños grupos narcotraficantes apadrinados por el Clan del Golfo, esto es inaceptable, el control lo tiene o debe recuperarlo en Estado colombiano, las autoridades legales, aunque muchas veces no legítimas, la fuerza pública y guardias indígenas son quienes deben controlar el territorio no sólo en el Cauca y colocar la autoridad y la fuerza al servicio de sus comunidades.

Los asesinatos a líderes sociales deberían prender las alarmas, la sociedad no puede tolerar con indiferencia hasta acostumbrarse y asumir como natural el asesinato. Las autoridades deben responder, es su deber, no son vecinos que ven pasar o no deberían comportarse así. Cada hecho criminal en su jurisdicción es una evidencia de fallas en la prestación del servicio.

Sólo en el Cauca, donde se atentó contra Yaneth Mosquera el martes, el domingo asesinaron a José Arcila representante de la Federación Nacional Sindical Agropecuaria FENSUAGRO y miembro de la guardia campesina en Corinto.

El lunes en Miranda, cerca de Corinto, en el sector Pan de Azúcar, secuestraron al comunero indígena Luis Fabián Ipia Quiguanas que fue encontrado en la vereda La Unión maltratado y baleado, y en el mismo municipio dos jóvenes fueron asesinados y tirados en la carretera en la vereda La Palma. Mientras en el municipio de Sucre, sur del Cauca, hombres armados dispararon contra William de Jesús Díaz Morales, presidente de la Junta de Acción comunal de la vereda Quitelo cuando estaba con su esposa y su hija.

Hace seis días fue lanzada una granada que destruyó el carro asignado al gobernador del cabildo Kwesx Kiwe Nasa, Cristian Toconás, quien se encontraba en la Casa Indígena en el área urbana de Jamundí.

La Cumbre Agraria, Étnica y Popular; la fundación Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y el movimiento Marcha Patriótica divulgaron un informe donde revelan que casi 1.000 voceros han sido asesinados desde la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las Farc. Los crímenes se han cometido en los departamentos del Cauca, Antioquia, Córdoba, Nariño, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Putumayo, Córdoba, Meta, Norte de Santander y Caquetá, que abarcan la mayor parte del país.

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