¿Cúando van a caer los que manejan el negocio criminal?
A un muchacho venezolano, un juez en Ipiales lo mandó a la cárcel porque la Fiscalía lo acusa de formar parte de una banda dedicada al tráfico de migrantes que recibe entre 20 y 60 dólares por persona que pasan por los puntos irregulares en la frontera Colombia-Ecuador.
Anderson Adrián Artigas Linares fue capturado en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional en el barrio La Frontera de Ipiales este 7 de junio. El detenido no aceptó los cargos y la Fiscalía hizo pública esta información “por razones de interés general”.
El tema de fondo en lo judicial, que alguna autoridad debería estar trabajando si hubiera voluntad y capacidad de actuar contra el delito, es quienes son los agenciadores, administradores, operadores, negociantes, finalmente los beneficiarios de este lucrativo negocio delictivo.
Este tráfico se origina en las irracionales políticas migratorias de distintos países. Pero precisamente ahora, en tiempos de virus y aquí en la frontera sur de Colombia, en el paso de entre Ipiales y Ecuador, ha quedado evidente la inoperancia oficial que abre las compuertas del comportamiento ilegal.
En lugar de centros de recepción y atención a migrantes de lado y lado de la frontera, se multiplican las casas clandestinan donde se apiñan personas que a escondidas quieren llegar a su cambiante destino. En lugar de corredores humanitarios que permitan la identificación, revisión del estado de salud y la movilidad de los migrantes, está el “acompañamiento” de los coyotes, que en manada y en la oscuridad le quitan los pocos recursos a familias de migrantes y por caminos que ellos y las autoridades conocen, los pasan corriendo todos los riesgos, en un juego macabro donde la vía panamericana está legalmente bloqueda mientras todos saben que ilegalmente se abren las trochas para poder estafar, robar y maltratrar a estas personas que quieren regresar a Venezuela.
La autoridad es delegada en la delincuencia. Ellos son los que definen quien pasa, como, hasta donde y por cuanto.
Un eslabón clave en esta cadena es el terminal de transporte. ¿Cuando la Fiscalía, su equipo del CTI, va a investigar que empresas, que funcionarios, que intermediarios manejan la actividad criminal de lucrarse con la miseria, estafando migrantes que se amontonan sin tener con que pagar el negocio de delinuentes?
¿Cúando la policía va a encontrar en flagrancia a los que el venezolano capturado y puesto en prisión ni siquiera conoce, pero que son los que se quedan con el gran % de los 20 0 60 dólares? ¿Cúando la Fiscalía va a acusar a los que tienen a colombianos y venezolanos reclutando, pasando, escondiendo y transportando personas a quienes esquilman hasta el último centavo, sin importarles la tragedia?
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