Hay algo que no debería pasar en un país que quiera vivir en paz y es el asesinato de quienes firman un acuerdo de paz. Se puede tener cualquier posición sobre las razones o sin razones de la acción armada de grupos insurgentes, no estar de acuerdo para nada en las motivaciones de decisión de levantarse en armas contra el poder del estado ni menos en las tragedias permanentes que ocasionan diariamente, pero no se puede aceptar que después de llegar a un acuerdo de dejación de armas y reincorporación a la lucha política legal, maten a los integrantes de esas organizaciones de manera sistemática.
Lo que está en juego es el honor de las instituciones que representan el poder establecido y cuando actuaciones criminales deshonran la palabra empeñada todo queda en duda: la capacidad del Estado, la honradez en los tratos, la legitimidad misma de su poder.
A Bogotá llegaron ahora unos centenares de hombres y mujeres que fueron guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia FARC, esta vez, al igual que los indígenas, pidiendo algo elemental: que no los asesinen. El senador de este partido político Fuerza Revolucionaria del Común, Carlos Lozada, señaló: «236 firmantes de paz han sido asesinados desde la firma del Acuerdo, sin que existan resultados a determinar sus responsables, y lo más grave, sin que el Gobierno Nacional se decida a actuar para detener el desangre. Peregrinación #PorLaVidaYPorLaPaz exige cumplimiento al país».
Pero el gobierno responde como quién no entendiera la gravedad de lo que pasa, las declaraciones de sus voceros más que explicar la situación y generar confianza en una solución, causan procupación cuando no indignación.
Emilio Archila, Consejero presidencial para Consolidación y Estabilización, le dijo a EL TIEMPO que la semana pasada el Gobierno estuvo en Villavicencio con ex combatientes y les expresaron que «necesitan conocer las peticiones que ellos tienen». Después de más de 200 muertos les preguntan que quieren, porque según ellos «Todas las entidades del Estado están haciendo lo que corresponde para proteger e incrementar los niveles de protección. También les he dicho que si tienen conocimiento de hechos o circunstancias que debamos conocer para tenerlas en cuenta que nos lo hagan saber”. Así como se hace, estamos ante la normalización del cinismo como comportamiento oficial. Las cuentas de lo que hace el Estado para generar protección a esta organización política quedan en nada ante la evidencia de los resultados.
Lo que Colombia vive es el llamdo a dejar las armas y aceptar la legalidad para luego ser asesinado. Por eso en la marcha, en la peregrinación que está en Bogotá y seguramente tampoco será atendida, está la posibilidad de reconciliarnos o al menos de no seguir siendo un país de faltones y matones.
Reiteramos nuestro agradecimiento a la peregrinación #PorLaVidaYPorLaPaz porque lo que están haciendo es para decirle a Colombia 🇨🇴 que si hay esperanza, futuro, que los firmantes de paz estamos dispuestos a dar ejemplo para abandonar el destino de guerra que nos han impuesto. pic.twitter.com/raOND7GQQL
— Julián Gallo (@JGalloComunes) November 3, 2020
Performance en la Plaza de Bolívar por parte de las mujeres de la peregrinación #PorLaVidaYPorLaPaz, homenaje en memoria de los camaradas que firmaron La Paz y han sido asesinados. pic.twitter.com/YmJqOE2eLK
— Julián Gallo (@JGalloComunes) November 2, 2020
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